Por JAMIE VERNAELDE, Analista Principal de Investigación y Política, PAI. Publicado originalmente en PAI.org.
Ante la propagación del COVID-19, es fundamental que las mujeres, las niñas, los jóvenes y otros grupos vulnerables sigan teniendo acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). Sin embargo, la SSR y los servicios relacionados ya están en peligro en todo el mundo. El Guttmacher Institute ha calculado que incluso un modesto descenso del 10% en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como consecuencia de la pandemia podría tener consecuencias devastadoras para la salud de las mujeres y las niñas. El mundo ya ha sido testigo de estos efectos diferenciales en la salud y los derechos sexuales y reproductivos durante la crisis del ébola de la década pasada. En aquel momento, se produjo un aumento de los embarazos en adolescentes y de la mortalidad y morbilidad maternas, así como de la violencia de género.
Estas peligrosas tendencias están resurgiendo en COVID-19. A nivel mundial, estamos siendo testigos de un aumento de la violencia de género causada por las limitaciones de movilidad en cuarentenas y cierres. Además, los socios de la sociedad civil de PAI en los países de ingresos bajos y medios (PIBM) están compartiendo cómo otras respuestas del gobierno están afectando a los servicios de SSR. En Senegal, han observado que las medidas gubernamentales COVID-19 limitan el acceso al asesoramiento en SSR y a espacios seguros para adolescentes y jóvenes, mientras que en Costa de Marfil se están cerrando clínicas móviles de SSR.
Comprendiendo las implicaciones de cómo esta pandemia afectará a los SDSR, las OSC y las coaliciones locales de SSR se han movilizado para mitigar los impactos. Algunas organizaciones, como en Liberia, están utilizando sus experiencias pasadas con el ébola para exigir a sus líderes que den prioridad a los servicios de salud sexual y reproductiva en esta ocasión con COVID-19. En Tanzania, un grupo de OSC de los sectores de SSR, VIH/sida, malaria y tuberculosis están desarrollando y coordinando sus respuestas a nivel nacional y regional. En otros PBI y PIM, las OSC se están coordinando a nivel subnacional para abordar los efectos de la pandemia en los asentamientos informales, los grupos de jóvenes y otras poblaciones marginadas. Otros grupos se esfuerzan simplemente por garantizar que las actividades de SDSR continúen donde puedan en las zonas que no están bajo bloqueo.
Afortunadamente, los gobiernos de varios países están incorporando de forma proactiva a las OSC en sus respuestas sanitarias nacionales a la pandemia. Las coaliciones de planificación familiar y salud reproductiva son algunos de los defensores de la salud más activos, valorados por los gobiernos como aliados clave para lograr mejores resultados sanitarios a nivel nacional. En toda el África subsahariana, los informes confirman que estas asociaciones continúan a medida que el gobierno y la sociedad civil colaboran en las respuestas sanitarias a la COVID-19, lo que es fundamental para mantener los servicios y derechos de SSR en la agenda.
Sin embargo, como las OSC se convierten de hecho en agentes de respuesta a las crisis, a menudo actúan al margen de sus mandatos y sobrecargan sus recursos. Algunas han emprendido actividades para identificar los síntomas de la COVID-19 en las comunidades y poner en contacto a los ciudadanos con los servicios. Otras organizan donaciones de alimentos e incluso fabrican desinfectantes de manos y mascarillas. En la medida de lo posible, han tenido que adaptar su trabajo para responder a los abrumadores casos de maltrato doméstico. Mientras tanto, también son los supervisores de los derechos humanos en contextos en los que el gobierno ha respondido a la crisis haciendo un uso excesivo de la fuerza durante los cierres, lo que puede afectar indebidamente a las mujeres del sector informal que son el principal sostén de la familia y no pueden permitirse quedarse en casa.
Las OSC están defendiendo la SDSR durante esta emergencia para garantizar que los logros alcanzados en materia de salud y derechos no se erosionen como consecuencia de esta pandemia y de las medidas gubernamentales. El trabajo de las OSC de SDSR ha sido decisivo para las reformas del sector sanitario y la equidad de género, y debe ser apoyado durante la pandemia, especialmente para que sigan defendiendo la SDSR más allá de esta crisis. La comunidad de donantes debe garantizar que las OSC locales sobrevivan a estos tiempos difíciles para ser socios eficaces de sus gobiernos y hacer que éstos rindan cuentas.
Lea el informe de PAI, Mitigar los impactos del COVID-19 sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos en los países de ingresos bajos y medios: Un llamamiento a la acción de la sociedad civil.
