Escrito por Suzanne Ehlers, Presidenta y Directora General de PAI, y Tamara Kreinin, Directora de Población y Salud Reproductiva de la Fundación David y Lucile Packard.
Los argumentos a favor de invertir en salud sexual y reproductiva -especialmente en anticoncepción moderna- siempre han sido sencillos: Si las mujeres y las niñas pueden decidir si se quedan embarazadas y cuándo, pueden cambiar la trayectoria de sus vidas y transformar las comunidades mediante el desarrollo social y económico. La salud sexual y reproductiva es un derecho humano que otorga a las personas el poder y la capacidad de decidir sobre sus propias vidas.
Sin embargo, para los millones de mujeres y niñas de todo el mundo que desean evitar el embarazo pero no utilizan métodos anticonceptivos modernos, este derecho fundamental sigue estando fuera de su alcance. Garantizar su acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva es fundamental. Pero para garantizar su autonomía y dignidad, las mujeres y las niñas necesitan algo más que el acceso a los servicios. Necesitan servicios de calidad: toda la gama de métodos anticonceptivos, la información médicamente precisa necesaria para comprender sus riesgos y beneficios, y la atención de proveedores formados que ofrezcan una atención competente, confidencial y sin prejuicios, adaptada a la etapa de la vida en que se encuentre la usuaria. Garantizar la calidad también exige un examen de las instituciones, normas y políticas que pueden acelerar u obstaculizar los avances en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.
La disponibilidad de servicios de calidad es a la vez una prueba de fuego para el progreso en el cumplimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y un resultado que debemos exigir colectivamente como defensores, gobiernos y donantes. La consecución de este resultado no será posible sin la inversión a largo plazo de recursos financieros y humanos por parte de gobiernos y donantes, y sin una mayor colaboración con la sociedad civil y con todos los sectores sanitarios. También necesitamos invertir en las herramientas y los datos necesarios para registrar los avances y abordar los retrocesos en función de nuestras obligaciones para con las mujeres y las niñas en materia de calidad de la atención.
El mundo ha cambiado enormemente desde el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que el año que viene cumple 25 años. Se ha producido un cambio constante y continuo para situar a las mujeres y las niñas en el centro, acercar los servicios a las personas, dar a los usuarios más control sobre las opciones anticonceptivas y hacer que la atención sanitaria sea más holística y responda mejor a las necesidades y experiencias vividas por las personas y las comunidades. Lo vemos en el aumento de la disponibilidad y accesibilidad de los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, en la mayor integración de los servicios de salud sexual y reproductiva con otras intervenciones sanitarias, y en los movimientos "hiperlocales" que transfieren los servicios sanitarios al nivel subnacional. También ha habido una tendencia hacia la legalización y liberalización de las leyes sobre el aborto y el reconocimiento de que el acceso al aborto seguro debe ser uno de los pilares de la reducción de la mortalidad materna y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y, por último, los renovados esfuerzos en torno a la consecución de la cobertura sanitaria universal exigen un enfoque integrador de la prestación de toda la atención sanitaria, incluida la salud sexual y reproductiva, que forma parte integral de un sistema de atención sanitaria completo y no discriminatorio.
En resumen, existe un movimiento mundial hacia la calidad. Sin embargo, estos esfuerzos son incompletos y, en algunos casos, hemos asistido a drásticos retrocesos en la política de los donantes y a una retirada del liderazgo mundial. Sin embargo, la tendencia ha sido avanzar cada vez más.
Hoy exigimos calidad porque nos importa aumentar la accesibilidad y disponibilidad de la planificación familiar y la anticoncepción, mejorar la combinación de métodos y comprender los factores que conducen al abandono. Nos preocupamos por la privacidad, la educación sexual integral, las intervenciones adecuadas a la edad, la cultura y el sexo, y el acceso al aborto legal y seguro. También nos preocupamos por desmantelar las normas y políticas que impiden la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad, así como el estigma que rodea a la salud sexual y reproductiva e impide que las personas busquen la atención que necesitan y merecen. Nos preocupamos por todas las personas, pero especialmente por los adolescentes y los jóvenes, las personas solteras y otras poblaciones de difícil acceso.
A pesar de los contratiempos, como comunidad mundial hemos logrado avances significativos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Movimientos como FP2020 demuestran que las alianzas entre donantes, gobiernos y la sociedad civil pueden impulsar poderosos resultados para las mujeres y las comunidades. Las mejoras en la calidad han catalizado ese progreso y deben mantenerse. Hacemos un llamamiento a los agentes mundiales para que se unan a nosotros en la exigencia de una atención de la salud sexual y reproductiva de alta calidad para todos y aceleren los avances mediante compromisos políticos concretos e inversiones financieras. No sólo nos negamos a retroceder, sino que creemos que centrarnos en la calidad impulsará la próxima década de innovación en materia de salud y derechos sexuales y reproduc tivos y garantizará que todas las mujeres y niñas -independientemente de dónde vivan en el mundo- puedan vivir con dignidad y tener capacidad de elección en las decisiones que afectan a su vida.
